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El Senado de Arizona revoca gastos y recorta $1.2 mil millones de las escuelas públicas

Los senadores de Arizona autorizaron el lunes la anulación de un tope de gasto en educación que habría impedido el desembolso de $1.2 mil millones que ya están en las arcas escolares.

La votación de 23 a 6 el lunes se produjo horas después de que maestros y padres se reunieron en el Capitolio estatal para instar a los senadores estatales a autorizar la anulación del Aggregate Expenditure Limit, una enmienda de 1980 a la Constitución de Arizona que establece un tope en la cantidad de dinero que los distritos escolares pueden gastar.

“El Senado tomó la decisión correcta hoy al unirse a la Cámara para suspender el límite presupuestario escolar este año”, dijo la Superintendente de Instrucción Pública del Estado, Kathy Hoffman, en un tweet. “Y aunque no debería haber tomado tanto tiempo solucionar este problema, estoy agradecido de que se haya evitado el desastre”.

Senate Concurrent Resolution 1050 entra en vigencia inmediatamente y no requiere la firma del gobernador. Los distritos escolares se habrían enfrentado a recortes presupuestarios drásticos si la decisión no se hubiera tomado antes del 1 de marzo, y algunos educadores se habían preguntado si podían permitirse terminar el año escolar.

En la reunión previa a la votación del Senado, Arizona Education Association dijo que el Senado no estaba priorizando la prevención de estos recortes presupuestarios.

Chuck Essigs, director de relaciones gubernamentales de la Arizona Association of School Business Officials, dijo a Cronkite News la semana pasada que la Proposición 208 estaba afectando la decisión del Senado sobre el límite de gastos. Aprobada en 2020 por el 52 % por ciento de los votantes, la propuesta aumenta los impuestos sobre los ingresos superiores a $250,000 para ayudar a financiar las escuelas.

Algunos legisladores republicanos y el gobernador Doug Ducey se oponen a recaudar dinero gravando a las personas de mayores ingresos, lo que retrasó el voto de anulación casi hasta el último minuto.

“Tenemos algunos legisladores a los que no les gustó la 208, y todavía la están peleando en los tribunales”, dijo Essigs. “Algunos están diciendo, ‘No voy a aprobar exceder el límite hasta que las cortes determinen que es inconstitucional’”.

Después de una conferencia de prensa en el césped, educadores y padres marcharon hacia la cámara estatal y exigieron una reunión con el senador J.D. Mesnard, republicano por Chandler, presidente del Comité de Finanzas, porque en ese momento todavía no se había decidido. Más tarde votó para anular el límite.

“Estos juegos políticos no son necesarios”, dijo Marisol García, vicepresidenta de la Arizona Education Association. “Esta es una pendiente resbaladiza que todos sabemos conducirá a una mayor destrucción de las escuelas públicas”.

Si el senado estatal no hubiera tomado medidas, miles de educadores estarían en riesgo de ser suspendidos o de perder sus trabajos y los distritos escolares habrían tenido que recortar sus presupuestos en un 16 %.

El público apoya más dinero para las escuelas en las urnas, señalaron los maestros.

“Lo único que mantiene unidas a nuestras comunidades es nuestra capacidad de votar en las elecciones locales y elegir personas para ayudar a mantener lo que está sucediendo en nuestras comunidades”, dijo García. “Cada vez que hemos llevado algo a la boleta electoral, hemos ganado todas las veces”.

Lupita Almanza, maestra de la Escuela Primaria Hughes en Mesa, enfatizó el impacto que podrían haber tenido estos recortes presupuestarios, especialmente cuando las escuelas recién comenzaron a impartir clases presenciales el año pasado.

“He visto mucho crecimiento en mi salón de clases desde el comienzo del año”, dijo Almanza. “Y solo quiero terminar el año con mis hijos en el salón de clases, para que podamos continuar con ese crecimiento”.

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Hope O’Brien/Cronkite News

Las personas que llevan letreros se reúnen con la Arizona Education Association en el Capitolio estatal en Phoenix el lunes 21 de febrero de 2022, instando a los senadores estatales a autorizar la anulación del Aggregate Expenditure Limit.

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